De la Mesa de Trabajo de Martha Beatriz Roque
El periódico Granma publicó el día 28 de mayo de 2008, en la columna Cuestión de Leyes, un artículo titulado “Inviolabilidad de la Correspondencia”, de Lourdes Pérez Navarro, en el que se responde a una pregunta del ciudadano Yoel Rodríguez Izquierdo, de Santa Clara, Villa Clara.
Este señor plantea que no pudo encontrar por ninguna parte, cuáles son los casos en que puede ser ocupada, abierta y examinada (la correspondencia) previstos por la ley.
La articulista le contesta que Cuba es signataria de convenios internacionales que velan por el derecho de la inviolabilidad de la correspondencia, independientemente de constituir un derecho constitucional. No obstante se refiere a cuando existen indicios suficientes, para ordenar ocuparla y examinarla, por resultar el descubrimiento de un hecho delictivo en investigación.
Pero deja claro que el Código Penal observa como conducta delictiva la revelación del secreto de la correspondencia y escribe: “Condena igualmente a quien, con el propósito de perjudicar a otro o de procurar para sí o para un tercero un beneficio, revele un secreto que conoce a través de estos medios de comunicación”.
Esos fueron exactamente –sin lugar a dudas- los fines del gobierno contra los disidentes, durante los actos de la conferencia de prensa de Manuel Hevia y Josefina Vidal Ferreiro, el 19 de mayo; y los programas de televisión “Mesa Redonda” de los días 19, 20 y 21 de mayo próximo pasados, en los que participaron Randy Alonso, Reynaldo Taladrid, Lázaro Barredo y el propio Manuel Hevia; durante los que mostraron -algunos de los documentos- que habían obtenido violando correos electrónicos.
Como siempre, el gobierno viola sus propias leyes, y ¿van a acusar a estos personajes durante la investigación que llevan a cabo?
Entonces también deben acusar a los oficiales de los establecimientos penitenciarios, que en contra de lo que está establecido, según esta periodista Lourdes Pérez Navarro, leen la correspondencia de los reclusos y también la vetan. El objetivo de que pase por ellos antes de llegar a los presos, no es precisamente el evitar la entrada de sustancias u objetos prohibidos, sino el de censurar cualquier manifestación en contra del gobierno.