LA HABANA, Cuba, noviembre, www.cubanet.org -En el primer trimestre de 1968, hace ya más de 44 años, el régimen cubano anunció que iba a llevar a cabo la “Ofensiva Revolucionaria”, que fue el momento en que se apoderaría de todo los negocios que quedaban en manos privadas. Entonces se convirtió en un pulpo, para alimentarse con todo lo que cayera al alcance de sus tentáculos, pero nunca pudo digerir el banquete.
La ineficiencia estatal, por la falta de rigurosos controles y por su desdén hacia la actividad económica, hizo que todos esos pequeños negocios que dejaron de tener dueño, también cesaran de prestar servicios de calidad al pueblo. De esta forma, nacieron las antiguas Empresas Consolidadas, que fueron el verdadero símbolo del socialismo, un desastre que nunca llegó a tener cuerpo de negocio.
Hoy los administradores de aquellas empresas se cambiaron por gerentes de firmas, un poco más al estilo capitalista. Pero los años han pasado y las malas experiencias han hecho mella en el sistema. Es por eso que ahora quieren dar marcha atrás, diciendo que estas actividades comerciales pasan a manos de los trabajadores, aunque no se trata más que de otro de sus trucos.
Entre los primeros que comenzaron el experimento estuvieron los taxistas, los barberos y peluqueros, y ahora le toca el turno a los gastronómicos. La idea general es quitarse de encima los problemas que les generan estos sectores, abriendo fuentes de trabajo, pero siempre bajo el manto protector, o sea, controlador del Estado.
Recientemente se anunció, como parte de un nuevo sistema de gestión económica para el trabajo por cuenta propia, que 14% del total de la red de establecimientos gastronómicos en todo el país, donde laboran hasta 5 personas, será arrendado a sus trabajadores.
Conformarían una especie de cooperativa entre estos trabajadores, con la particularidad de que el Estado sigue siendo dueño de los inmuebles, equipos y otros medios; mientras, los que se encarguen del comercio, deberán responsabilizarse con su mantenimiento y reparación, algo de lo que siempre estuvo desligado el aparato estatal, ya que, después de haberlos confiscado, no se ocupó más de la conservación, mejora y modernización de los inmuebles y equipos.
También los arrendatarios deberán correr con los gastos de electricidad, agua, teléfono, anuncio y publicidad. Estas dos últimas funciones aparecen recientemente, pues a Fidel Castro nunca le gustó ni siquiera que en las transmisiones deportivas se utilizaran anuncios de firmas radicadas en el país.
El texto que divulga la nueva medida explica también que si los empleados reparan los locales, tendrán la posibilidad de que se les exonere del pago del arrendamiento hasta por un año, lo que indica que las autoridades conocen perfectamente que la mayoría está en mal estado.
El empleado que no quiera acogerse a la nueva medida, quedará “disponible”, que significa sea cesante en la “neolengua” del régimen. Y las primeras provincias en poner en práctica este “dispositivo económico” serán Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila, a partir del próximo primero de diciembre.
Mucho se especula en la calle sobre otras actividades que se incorporarán en el futuro a este tipo de convenio. Algunos dicen que los bodegueros y carniceros, otros que los choferes de ómnibus, en fin que la “novedad” va a mantener entretenidos a un buen grupo de trabajadores.
El que no conozca cómo actúa el régimen, podrá pensar que es una especie de marcha atrás de lo que hizo en 1968. Pero en realidad no hay tal cosa. Las libertades van a quedarse a medias, mientras el régimen dará -hacia el exterior y para los que aquí adentro quieren dejarse tomar el pelo- la impresión de que lleva adelante cambios y reformas.
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