El Estado como suministrador de bienes públicos -entiéndase como tal las mercancías en las que extender el costo del servicio a una persona adicional es cero y de cuyo disfrute es imposible excluir a alguien- se comporta como un gran gastador, porque aunque se elabora un presupuesto estatal, no hay forma de conocer su ejecución y constantemente se hacen gastos que están por encima de la situación de crisis económica que vive el país.
Un ejemplo de ello es la defensa nacional. Se quiere mantener una cantidad de hombres sobre las armas, que no está ni remotamente de acuerdo con las posibilidades que tiene una nación pequeña como esta, cuyo PIB, que en el año 2011 ascendió a 67 534 millones a precios corrientes, no crece para beneficio del pueblo, ni se percibe convertidor de dinero en el bolsillo de las personas y en bienes materiales.
Anualmente, se realizan ejercicios militares, so pretexto de la “Guerra de Todo el Pueblo” y también para mantener latente la posibilidad de un ataque del “enemigo”, que se hace necesario en todos los regímenes totalitarios -en este caso los “yanquis”.
Pero también está la represión por parte de la policía, incluyendo la política, que no tiene ninguna restricción en cuanto a gastos y recursos a utilizar- la oposición interna conoce bien de ello- y las prisiones llenas de personas que por cualquier motivo son “mal juzgadas”, e incluso algunas que cumplen años de encierro solo por ser potencialmente peligrosos, según la percepción de un jefe de sector.
En el actual escenario social, después de decenas de años de paternalismo, el Estado ha decidido recuperar los gastos en “bienes públicos” a través de los impuestos, que son el mecanismo para conseguir los ingresos necesarios, que incluye el financiamiento de los programas de redistribución de la renta.
Pero, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, ha excedido su mano poderosa, en los niveles de pago que deben efectuar, y junto con los problemas de ingresos familiares, ha dado al traste con una cantidad considerable de “pequeños negocios” que se habían abierto, en particular cafeterías y venta ambulante de alimentos, haciéndolos ir al fracaso.
Claro, aquellos cuentapropistas vinculados a actividades por las que pasa la “corrupción”, corren mejor suerte, son capaces de llenar sus bolsillos y los de los funcionarios que les permiten tener acceso a los bienes del Estado, a través de la bolsa negra. Este fenómeno es producto, entre otras circunstancias, de las escaseces de que no se permita el acceso a un mercado mayoritario para los que tienen algún negocio registrado; la falta de control en las empresas; la no exigencia de los niveles superiores del Estado, a pesar de estar prácticamente militarizada la economía; y la utilización de la doble moneda, el cup (peso cubano) y el cuc (peso cubano convertible), cuyo tipo de cambio se impone, en estos momentos estando sobrevalorado, con relación a la crisis económica que vive el país.
Y es que nunca ha habido un interés por el control. Los auditores resultan mal vistos, por lo tanto, es muy difícil llenar una plaza con un buen profesional en esta materia. Por su parte, los inspectores estatales caen entre los diez funcionarios (de bajo nivel) más corruptos que existen: no solo son “vampiros” de los cuentapropistas, sino también de las propias empresas del Estado.
La contabilidad, que es indiscutiblemente una herramienta al servicio de la eficiencia económica, ha sido bautizada como “confiable y no confiable”, algo que está vinculado con el lenguaje virtual del sistema, ya que si no se puede confiar en lo que se registra y sus resultados, sencillamente no hay contabilidad.
Los estados financieros que se emiten a partir del registro de todas las actividades primarias de una empresa, unidad presupuestada o cualquier otra forma de gestión, son esenciales para la dirección y funcionan como herramientas para ayudar a la toma de decisiones. ¿Pero a quién le interesa la contabilidad y los costos? Mientras menos controles haya se hace más fácil poder “desviar” los recursos, lenguaje que se utiliza para sustituir la palabra “robar”.
Siempre que se mantenga la preferencia por las actividades políticas, sin mirar cuánto representan en coste para la economía, que exista una interferencia de los órganos y organismos represivos, y la centralización de las decisiones, no sólo políticas, sino también económicas y sociales, no se podrá alcanzar la eficacia, no podrá haber incremento de la producción y la productividad del trabajo y por consiguiente, el nivel de vida del cubano irá de mal en peor. Sin libertades económicas no hay eficiencia.