Martha Beatriz Roque Info

Tumba de Fidel Castro en el Cementerio de Santa Ifigenia (Reuters)

LA HABANA, Cuba.- En la “gran piedra” mortuoria del Cementerio de Santa Efigenia, que según dicen contiene las cenizas del dictador Fidel Castro, están enterradas también todas las promesas incumplidas que le hizo al pueblo de Cuba incluso antes de tomar el poder.

Las personas de mi generación recuerdan muchos de sus largos discursos, en los que acostumbraba a hablar del futuro de nuestro país.

Lo que mejor se me ha quedado grabado son sus compromisos sobre la producción de leche. En el año 1964 dijo: “Nosotros vamos a tener dentro de diez años una producción de leche superior a Holanda”. Dos años después aseguró: “En 1970 la isla habrá de tener 5 mil expertos en la industria ganadera y alrededor de 8 millones de vacas y terneras que habrán de ser buenas productoras de leche. Habrá tanta leche que se podrá llenar la bahía de La Habana con leche”.

Antes de tomar el poder, ya había proyectado sus soluciones para los pobres. Por ejemplo, en su alegato por el juicio del asalto al Cuartel Moncada, dijo: “Tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Hay en Cuba doscientos mil bohíos y chozas; cuatrocientas mil familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y salud (…) El Estado se cruza de brazos y el pueblo sigue sin casas y sin luz”.

Cuando se leen estas líneas, todo parece indicar que es algo que está sucediendo en estos momentos.

Aunque algunas de las restricciones sobre la propiedad de la vivienda —que duraron más de 45 años— se han eliminado, no se ha podido solucionar este problema social, que está entre los más graves que existen en estos momentos en el país, y que se ha convertido en uno de los principales factores que incide en que las mujeres no quieran parir.

Pero cada vez que han tratado de buscar al menos una esperanza para los necesitados, se han equivocado; en particular por el hecho de que el Estado quiere ejercer más control del que puede y carece de los recursos financieros y materiales para solucionar estos problemas.

La Gaceta Oficial Extraordinaria, en los números 15 y 16 de 2017, trae nuevas normas jurídicas contenidas en el Acuerdo No. 8093 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, así como las Resoluciones de los Ministerios de la Construcción, Trabajo y Seguridad Social y Finanzas y Precios. Estas regulaciones tienen como objetivo poner fin a las inacabables solicitudes de subsidio para la reparación y construcción de viviendas, para las cuales no hay financiamiento y, las personas que aspiran a ello, llevan meses y meses esperando una respuesta.

Se decidió limitar la solicitud de subsidios a dos convocatorias anuales como mínimo y será el Consejo de la Administración Municipal quien las realice. También ampliaron el término de respuesta a las peticiones de 45 a 70 días, para darse más tiempo, ya que la actividad administrativa en el país, está considerada —incluso desde el oficialismo— como un verdadero desastre.

El financiamiento con que cuenta el subsidio se corresponde con el 60% del impuesto recaudado sobre la venta en la comercialización de materiales de la construcción en las provincias. Es un proceso de realimentación: si no hay subsidios disminuye la venta de materiales. Se ha aprobado que, si la persona fallece o sale del país, los que forman parte del núcleo pueden presentar la solicitud de continuar el subsidio siempre y cuando tengan “derecho” al mismo.

Algo que se añade es que, si se comprueba que se han dado datos falsos, se cancela el subsidio y la persona tiene que devolver al presupuesto del Estado lo que ha gastado.

Los expedientes que están pendientes de trámite se quedan así hasta la próxima convocatoria. Igual pasa con los que ya se han aprobado y están faltos de financiamiento que quedarán sin resolver hasta la próxima llamada.

Los 20 021 damnificados por huracanes que comenzaron la construcción de la vivienda sin la documentación establecida y que se les ha dicho que se las van a derrumbar, por una sola vez se establece la legalización de las mismas y el derecho perpetuo de superficie. Durante años hemos sido testigos de la cantidad de individuos que, para solucionar su problema de techo, han construido cualquier cosa y el Estado se las ha demolido echándolos a la calle; incluso varios casos de personas que se suicidaron por haberlo perdido todo, cuando en una labor conjunta entre la Policía y el Poder Popular, le pasaron buldócer a “su propiedad”. Podían haber permitido, al menos por una vez, la legalización de todas las casas que se encuentran con algún tipo de problema.

También, 16 887 viviendas estatales que tienen paralizada su ejecución por falta de recursos podrán ser entregadas a personas que acepten su terminación con esfuerzos propios, mediante el pago del valor de transferencia. Primero estarán los beneficiados ya definidos si pueden pagarlas y después los damnificados por fenómenos climatológicos, los albergados y los casos sociales.

Pero al que le entreguen la vivienda tiene un plazo de cinco años para terminarla. De no cumplirse, el inmueble será devuelto al Estado y el beneficiario recibirá un reintegro de lo pagado por su transferencia, o sea, antes de hacerle cualquier tipo de reparación.

Después que se analizan las soluciones casi “maquiavélicas” que se les dan a los problemas, se puede tener una clara idea que el régimen se encuentra en completa quiebra, y que no solo se dejaron de cumplir las promesas que hizo el difunto, sino que también se dejarán de llevar a cabo las de Raúl Castro.