Por: Martha Beatriz Roque Cabello
El pasado martes 5 de abril, estaba como invitado en el programa, el vicepresidente del Instituto Nacional de la Vivienda, Serapio Guerra Morales, el que respondió a varias preguntas de la periodista conductora, después de que exhibieran dos dramatizados, con situaciones de corrupción en este sector.
En el primero, un matrimonio visita a un abogado de la Dirección Municipal de la Vivienda, para plantearle que el dueño del apartamento donde viven, hermano del esposo, salió de visita al exterior y se quedó. Ellos llevan viviendo en la casa 6 años, pero para tener derecho a permanecer deben haber convivido durante 10, según plantea la ley. Además deben volver a pagar al Estado el precio de la casa.
Al encontrarse ante esta respuesta, los interesados deciden retirarse, pero ya llegando a la puerta el abogado los llama y les dice que existe una solución, “alterar el número de años”, siempre y cuando paguen una cantidad de dinero. Según la historia contada, el matrimonio no acepta esta ilegalidad, además de no tener efectivo para cubrir la suma solicitada.
La solución que tiene el problema, según el Vice Presidente de la Vivienda -presente en el estudio de televisión- es que hagan la denuncia, no sin antes recordar, que no siempre que se hace una acusación de este tipo a un funcionario, es removido de su cargo, porque en algunos casos no hay pruebas de los hechos, pero que esto sirve para tener conocimientos y quizás si continúa haciendo lo mismo, se pueda separar.
¡Qué diferente esta concepción a la de los tribunales de justicia del país! Cualquier juez, sin pensarlo dos veces sanciona a un acusado a 20 o 25 años de privación de libertad, sin pruebas solo por: “convicción moral”. De igual forma los Jefes de Sector de la Policía Nacional Revolucionaria están facultados para encerrar en prisión hasta 4 años a cualquier individuo, que sin haber hecho nada, piensen sea proclive a hacerlo, por peligrosidad predelictva.
Pero qué fácil se evitaría este hecho de corrupción, si no existieran las leyes prohibitivas que hay en el país. ¿Por qué una persona que sale de viaje al exterior tiene que decidir entre volver o quedarse definitivamente? ¿Por qué el ciudadano cubano no puede hacer lo que estime conveniente con sus propiedades? Y si se admitiera todo lo anterior: ¿Por qué el gobierno pone términos tan fuertes a la solución de un problema habitacional, con la situación crítica que existe con la vivienda?
El segundo dramatizado se refería a un señor que alargó el alero de la terraza de su casa y una inspectora que lo visitó le orientó tumbarlo, pero accedió a cobrarle una multa de 500 pesos m.n.
Cuando la funcionaria se retiró el inquilino se percató que no le había dado ningún documento/ comprobante de la penalidad impuesta y salió tras ella, pero ya era tarde. La mujer había estafado al ingenuo ciudadano y se llevaba para su casa –seguramente- la solución de algunos de sus problemas acumulados. Esta lección la ha aprendido de una gran maestra: “la Revolución”.
El Vicepresidente de marras, hizo alusión –en su turno televisivo- a que existía un lugar específico para pagar las multas y no se tenían que liquidar a los inspectores.
Todo este espectáculo por un medio social tan efectivo como la televisión, aunque en horas difíciles de tener una alta audiencia, permite analizar que el mal de la corrupción es algo aceptado públicamente por el gobierno, desde hace mucho tiempo, pero con la especificidad de que ocurre a los niveles más bajos del Estado.
Sin embargo, la realidad es otra, constantemente están estallando los cambios de ministros y otras personas que ocupan cargos en los altos niveles del gobierno, por problemas de corrupción. Solo habría que referirse al reciente defenestramiento que ocurrió en la provincia de Sancti Spíritus.
Cuando se analizan los problemas sociales y en particular los delictivos, si se llega al fondo de ellos, todos tienen un punto en común, que es precisamente el sistema, sus restricciones y sus leyes elaboradas con un solo fin, el de permitir al “cónclave” gobernante mantenerse en el poder, con el control total de la sociedad. Por eso es que no importa cuantas ilegalidades se cometan, si se empieza por determinar que lo primero que se viola es la propia Constitución de la República. Es muy difícil encontrar en el país cosas hechas “al derecho”.
La Habana, 11 de marzo de 2011.
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