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Por: Martha Beatriz Roque Cabello

Cuando se piensa en elecciones libres y multipartidistas en Cuba, de forma inmediata hay que vincular estas ideas a la necesidad de cambio de algunas de las legislaciones fundamentales vigentes en el país, para que pueda hacerse realidad, de lo contrario todo es una quimera. Aunque sería importante modificar la totalidad de las leyes que rigen en la isla, para llevar a cabo un sufragio en condiciones de democracia, es indispensable enmendar la Constitución de la República, la Ley Electoral (72/92) y la Ley de Asociaciones (54/65).

El régimen plantea que las elecciones en Cuba son democráticas, porque todos participan, además añade una serie de condiciones que, de no conocerse la realidad, dejarían pensar que hay voto y que se lleva a cabo de manera secreta. Por ejemplo: la postulación de los candidatos se efectúa directamente por los propios electores en asambleas públicas; los gastos de las elecciones son sufragados por el Estado, e incluso queda prohibido por la ley que los postulantes hagan campaña a su favor, por lo que para dar a conocerlos se utiliza la colocación de biografías y fotos en lugares públicos de la Circunscripción Electoral; todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos; todos los elegidos pueden ser revocados en cualquier momento de su mandato. Dicho así para muchos –no conocedores de lo que sucede en el país- “suena” de maravilla.

Los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular se eligen cada dos años y medio y para los dos niveles superiores, la provincia y la nación, el término es de 5 años. El Presidente, los Vicepresidentes y otros altos cargos no los elige directamente el pueblo.

Según el artículo 68 las Comisiones de Candidaturas -que son las que proponen los candidatos- se integran por representantes de la CTC (Central de Trabajadores de Cuba); CDR (Comités de Defensa de la Revolución); FMC (Federación de Mujeres Cubanas); ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) FEU (Federación de Estudiantes Universitarios) FEEM (Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media), que son designados por los niveles respectivos, a solicitud de las Comisiones Electorales Nacional, Provinciales y Municipales. Estas comisiones son presididas por el representante de la Central de Trabajadores de Cuba.

Todos los candidatos nominados a la Asamblea Nacional del Poder Popular resultan electos. De hecho, al pueblo se le pide “marcar” en una casilla en la boleta que los señala a todos. Esto es igual a afirmar que del nivel provincial para arriba el pueblo no elige a nadie, ni siquiera se puede decir que vota.

Si bien es cierto que la postulación de los candidatos para las asambleas municipales, se efectúa por los propios electores en reuniones públicas, a nivel de barrio, hay que considerar quiénes las organizan, presiden y dirigen, porque según la ley todo queda bajo la égida de la Comisión Electoral de Circunscripción, cuyos miembros son designados por las Comisiones Electorales Municipales.

Como si fuera una “Matrioska” o “muñeca rusa”, las Comisiones Electorales son elegidas de un nivel para el otro, comenzando por la nacional que se designa por el Consejo de Estado y sus miembros toman posesión de los cargos ante el Secretario de este órgano.

Aunque la Comisión Electoral Municipal dirige y preside las correspondientes asambleas de nominación de candidatos en las áreas de las circunscripciones electorales, existe la posibilidad de que un disidente pueda ser nominado, incluso de que se auto proponga. A partir de ese paso le quedaría un largo camino por recorrer para poder salir electo como delegado en su barrio; aunque hay que recordar que las urnas y el conteo de voto están en manos de las personas que el régimen designa. Ahora bien, de ahí en adelante no avanzaría ni un escalón más e incluso existiría la posibilidad –con gran facilidad- de ser revocado de acuerdo a la Ley.

El Título X “De la ética electoral” establece: “Todo elector solo tomará en cuenta para determinar a favor de qué candidato depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio y su capacidad para servir al pueblo”. Lo que convierte “el derecho al voto” en una obligación con el tipo de representante que quiera el régimen; aunque cada cual puede determinar por quien votar.

Si hubiera alguna duda de la subordinación política a la que se comprometen los que son elegidos, solo habría que referirse al Artículo 128 de la Ley Electoral, que plantea que, en la reunión de constitución de la Asamblea Municipal, los delegados efectuarán de pie el siguiente juramento:

“Cada uno de nosotros, Delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular (nombre del municipio) aquí reunidos, al tomar posesión de nuestros cargos por nuestra propia y libre convicción

JURAMOS

Por solo hacer mención a una implicación política, el observar y hacer observar la Constitución comprende que habría que corresponder las funciones con su ARTICULO 62 que plantea: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

De todas formas, si llegara a alcanzar esta condición, nada podría solucionar, porque no hay descentralización económica en el país y un delegado de barrio no tiene en sus manos recursos de algún tipo para poder beneficiar a sus electores. Lo único que está seguro en sus facultades, es recibir quejas y tramitarlas, incluso apoyado en las mal llamadas “Organizaciones No Gubernamentales”, tales como: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Eso puede constatarse en el Artículo 103 de la Constitución de la República, que dice: “Para el ejercicio de sus funciones, las Asambleas Locales del Poder Popular se apoyan en los Consejos Populares y en la iniciativa y amplia participación de la población y actúan en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales”.  

Por otra parte, la Comisión Electoral Nacional contempla entre sus funciones “declarar la nulidad de las elecciones en una o varias circunscripciones de un Municipio, o de algún candidato cuando se hayan incumplido las regulaciones establecidas en la Ley y puede disponer la celebración de nuevas elecciones”.

Con el fin de poder llevar a cabo la revocación del mandato de los elegidos a los órganos del Poder Popular, se dictó la Ley No.89/99 y puede comprender tanto el mandato conferido por los electores, como el otorgado por la Asamblea correspondiente.

La revocación según dicta la Ley procede por existir alguna de las siguientes causales:

En el caso de los delegados municipales, los facultados para promover el inicio del proceso de revocación son: otro delegado del mismo nivel; un mínimo del 25% de los electores de la circunscripción por donde fue elegido, ambas fórmulas muy fáciles para el régimen.

Los que piensan que a partir de la legislación vigente se puede llegar a la solución democrática del país, en mi opinión se equivocan; no obstante, nada se pierde que no sean los años que pasan y la esperanza de los cubanos que cada vez es menos; pero sería muy provechoso estudiar a fondo las leyes vinculadas a este proceso, analizar los pro y los contra y sobre todo el tiempo que ha de invertirse; no solo el propio pero también el de las personas que desde dentro y el exterior del país, pueden pensar en ello como una solución, que además conlleva todo un período de preparación y planeamiento de una estrategia electoral. 

Aunque no estemos de acuerdo con la legislación vigente, esa es la que existe y a pesar de que se viola por parte del propio régimen, cuando quieren se refieren a ella. Por ejemplo: en el Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, está establecido que, para realizar una solicitud, a partir de la recogida de firmas, hay que refrendar una por una las rúbricas que se estampen ante notario público. De no hacerse esto no tienen validez.  

Claro, habría que pesar -con respecto a lo anterior- que recoger firmas entre la población, aunque no sirva de nada legalmente, sí tiene efectos desde el punto de vista político y social, porque primero los que acceden a darla se percatan que el régimen no ha cumplido con lo que prometió y no lo hará nunca; y por su parte la gerontocracia recibe un mensaje claro de la cantidad de miembros de la sociedad que no la está apoyando, aunque sabe que cada día tiene menos simpatizantes. Cualquier actividad en la que esté involucrado directamente el pueblo tiene un gran valor.

No obstante, como para que no haya dudas de que el régimen quiere perpetuarse en el poder, cuando se llevó a cabo la Reforma Constitucional se añadió un artículo que establece: “Esta Constitución sólo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político, social y económico, cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo I, y la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera. Si la reforma se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea”.  

En el año 2002, basados en no se sabe que preceptos legales, durante 4 días se hizo algo parecido a un referendo, con la conclusión de que el pueblo había expresado su apoyo al proyecto de Reforma Constitucional, que según se planteó había sido propuesto por las organizaciones de masas en asamblea extraordinaria de todas sus direcciones nacionales. Se dice fue ratificada en todas sus partes la Constitución de la República; y el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella fueron declarados irrevocables.

A pesar de ello, 14 años después durante el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, se está buscando una conceptualización del modelo social, porque más de 57 años no ha sido suficiente para encontrar el camino al “socialismo”, por lo que ahora es necesario conceptualizarlo.

No se puede dejar de mencionar que la Ley de Asociaciones y su Reglamento, tienen un diseño que no permite la inclusión de cualquier organización de forma legal y mucho menos un partido político. El camino para lograr que el régimen aceptara aplicar esta legislación a algunos de los grupos disidentes que existían en el país, fue recorrido por numerosas organizaciones, en particular en el siglo pasado. A muchas de ellas ni les dieron respuestas, otras tuvieron como resultados una adaptación en la aplicación de la Ley a lo que el régimen necesitaba.

En estos momentos en el país existe una crisis económica muy difícil de revertir, un estancamiento en la producción que quedó demostrado con el incremento solo del 1% del Producto Interno Bruto y ello aceptando una cifra oficial muy difícil de probar. Por otra parte, las importaciones están afectadas y puede verse que las tiendas de venta en divisa (peso cubano convertible, cuc) se encuentran desabastecidas. 

La falta de visión de estos problemas durante el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, costó el cargo de ministro al zar de la economía, Marino Murillo, quien logró algunas proyecciones para el 2030, sin haber alcanzado un plan, pero fue incapaz de ver delante de sus narices lo que ocurriría medio año después de la reunión partidista.

A partir de imponer el control estatal, se han tratado de bajar los precios de los productos del agro, pero el resultado ha sido el desabastecimiento, al regresar a los métodos de Acopio, que habían sido considerados inoperantes. También, aunque amenazados, los transportistas privados han subido el precio del servicio de los llamados “almendrones”, autos viejos reparados con todo tipo de invento.

Los problemas sociales vienen acompañados de la falta de transporte, la reducción del servicio eléctrico, la escasez de agua y los inconvenientes de un verano caluroso, con los niños de vacaciones y tener que pasar trabajo para ir a cualquier lugar a recrearse.

Los propios órganos oficiales del régimen dieron a conocer la ausencia de diputados en las reuniones de la recién finalizada Asamblea Nacional del Poder Popular; el cambio de la Secretaria General de la Unión de Jóvenes Comunistas se corresponde –sin lugar a dudas- con la acción de tratar de rescatar algunos jóvenes para que permanezcan como militantes en las filas de esta organización, porque la tendencia general de ellos es a abandonar el país.

De igual forma fueron sustituidos los Ministros de Cultura y Educación Superior. También miembros del Partido Comunista de Cuba han llegado al hastío y algunos de ellos han entregado sus respectivos carnés como militantes, aunque la falta de crecimiento de la organización fue reconocida por el propio José Ramón Machado Ventura durante el VII Congreso.

Podrían mencionarse otros muchos aspectos de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país, pero lo más importante sería que los opositores se reunieran a analizar todo esto y mucho más, aunque sea en un bohío de guano, donde estén tocando la realidad del país y sobre todo lo más importante: ¿cómo proceder con el pueblo? 

Y es que existe la posibilidad que al igual que el 5 de agosto de 1994, ocurran protestas populares o manifestaciones de pequeños y medianos grupos de personas y si no se tiene pensado cómo conducir esa actividad de descontento social, pasaría lo mismo que cuando el“Maleconazo”; el régimen tiraría a las calles a su contraofensiva, armados de cualquier cosa, con el fin de evitar disturbios que conduzcan a algo más. Es por eso que los opositores deben preparar al pueblo en cada una de las localidades donde residen.

El país se encuentra en un momento de inflexión, sin ideología, lo que quedó demostrado durante el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el que los documentos no estaban preparados para realizarlo, los militantes no tuvieron acceso a información previa, ni siquiera los que fueron allí como delegados. Después que se aprobó poner todo en las manos del Comité Central y el Buró Político, poco queda de la tantas veces mencionada filosofía marxista-leninista.

La conducción de la sociedad cubana, pudiera estar en las manos de los opositores, siempre y cuando se usen estrategias inteligentes y además se conozca y domine lo que está pasando en la vida social, económica y política del país. El momento es perentorio para aprovecharlo y podríamos estar haciendo historia.

La Habana, 19 de julio de 2016.