Martha Beatriz Roque Info

(foto tomada de Internet)

LA HABANA, Cuba. -Siempre que sale a colación el tema de la democracia y el régimen cubano, los altos dirigentes suelen decir que este es el país más democrático del mundo y la última versión es que “la democracia es interpretativa y cada país la entiende a su manera”.

Eso mismo sucede con la participación ciudadana, que conlleva la receptividad del gobierno, para escuchar lo que los ciudadanos les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión en los asuntos públicos; es oír a todo el que quiera implicarse en los problemas que afectan al pueblo, permitiéndole aportar puntos de vista, inquietudes y posibles soluciones.

Sin embargo, aunque el régimen hace gala de ello, el poder totalitario se impone ante el casi nulo poder del pueblo, por lo que ejercer la participación ciudadana se hace bien difícil en Cuba; evitando contribuir a ampliar la democracia participativa.

En la actualidad, en la sociedad democrática moderna, otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las ONGs, que en la mayoría de los casos pugnan por ciertos temas de carácter social y humanitario.

El régimen de forma general presta muy poca atención a la participación de los ciudadanos, no obstante a través de las “encuestas de opinión”, que hace de forma constante, conoce a la perfección lo que piensan, pero sin existir carácter interactivo.

Y es que, según plantea la Constitución de la República en su artículo 62, ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos, puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo.

Es por eso que para mantener un mayor control de la participación ciudadana, están las “mal llamadas” Organizaciones No Gubernamentales, a las que el régimen quiere se reconozcan como miembros de la sociedad civil, y que en el contexto oficial reciben el nombre de organizaciones de masa. Entre ellas sobresalen los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Esta organización fue fundada por Fidel Castro el 28 de setiembre de 1960, en un acto público frente al hoy Museo de la Revolución, con el objetivo de desempeñar tareas de vigilancia colectiva frente a la injerencia externa y los actos de desestabilización del sistema político cubano.

Los CDR tienen una estructura controlada por el Estado que, además de su labor social, ejercen la principal misión de vigilar y controlar la vida tanto pública como privada de las personas y de todos los vecinos, desde un nivel muy cercano.

Auto de los CDR Dirección Nacional, chapa estatal (foto del autor)

A pesar de considerarlos como una ONG, se puede ver de forma pública, que sus suministros provienen del gobierno, aunque recogen una cuota mensual por miembro de 25 centavos moneda nacional para el financiamiento. Por ejemplo los autos de la nomenclatura de los CDR –a todos los niveles- tienen el logotipo de la organización y la chapa estatal. Cuentan con un número considerable de edificaciones para mantener la estructura de provincia, municipio y zona. Si se decidiera eliminar al menos una de estas categorías organizativas, se podría solucionar la vivienda a algunas de las familias sin techo en el país.

Uno de los argumentos oficiales para considerar los CDR como fomentadores de la participación ciudadana en tareas de todos, es su intervención en las elecciones. Según el Artículo 68 de la Ley 72 (Ley Electoral), esta organización integra la Comisión de Candidatura, junto a otras supuestas ONGs, como son: la Central de Trabajadores de Cuba (que la preside), a Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media y la Federación de Estudiantes Universitarios.

Los CDR son los encargados de mantener actualizado el Libro Registro de Direcciones, que es un padrón oficial en el que deben inscribirse los ciudadanos cuando se mudan de un lugar para otro. En la mayoría de los casos está a cargo del libro el presidente o el responsable de vigilancia. Es difícil entender que un documento oficial que sirve –entre otras cosas- para elaborar las listas de electores, esté en manos de una organización no gubernamental y que incluso la Ley regule que los responsables de los Libros de Registro de Direcciones tienen que elaborar, dentro del término de los quince días siguientes a la publicación de la convocatoria a elecciones en la Gaceta Oficial de la República, una relación de los ciudadanos que siendo residentes en su demarcación, tengan, a su juicio, derecho al voto, de acuerdo con lo establecido.

Además los CDR son la fuente de información primaria para la “verificación” que se hace de las personas, por los centros de trabajo, la policía, la Seguridad del Estado, etc., lo que implica -de igual forma- una obligación con el Estado y un vínculo oficial.

Entre otras tareas tienen: la donación de sangre, la limpieza de calles en fechas señaladas, la recolección de materia prima, la participación en mítines de repudio contra aquellos que disienten del régimen y la constante vigilancia a los vecinos de la cuadra. En algunas zonas costeras deben apoyar la lucha y vigilancia contra posibles infiltraciones de paquetes de drogas por los mares que rodean la isla. Tienen metas que cumplir en el apoyo a las campañas movilizadoras para los desfiles y concentraciones en las Plazas de las diferentes provincias.

Bastaría ver un programa televisivo de factura oficial, por el Ministerio del Interior, de nombre Tras la Huella, donde muestran de forma pública que su principal fuente de información son los CDR.

Ubicación de la sede nacional de los CDR (foto del autor)

Es posible que también consideren participación ciudadana, la tarea de nominar las personas –en reuniones del barrio- para que se les vendan televisores o se les asignen teléfonos. Han estado tan vinculados a las tareas estatales, que incluso cuando el éxodo del Mariel se les ordenó distribuir las casas que se quedaron vacías.

Los CDRs violan los derechos humanos, porque han estado involucrados en los “actos de repudio”, los cuales han incluido abuso, intimidación y en ocasiones, maltrato físico en contra de aquellos que sean estimados de “contra-revolucionarios”, o enemigos de la Revolución. Todavía en la mente de dos de las generaciones que han pasado por la dictadura, están presentes los sucesos del Mariel, en los que participaron activamente los CDR, acosando a familias completas, maltratándolas físicamente y de palabra, solo porque deseaban emigrar.

Aunque durante toda la existencia de esta organización, se pueden enumerar numerosos hechos que permiten afirmar que es “oficialista”, habría que destacar que los Coordinadores Nacionales de los CDR han sido miembros del Consejo de Estado en las VIII Legislaturas que se han tenido: Jorge Lezcano Pérez, Armando Acosta Cordero, Sixto Batista Santana, Juan Contino Aslán y Juan José Rabilero Fonseca; estuvieron representando esta “ONG”, hasta el 2013. De igual forma en su momento fueron miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Esta es la participación ciudadana de la cual irá a hablar la dictadura castrista en la VII Cumbre de Las Américas, a través de sus voceros oficiales.