Cuba actualidad, Santos Suárez, La Habana.
Una descripción sencilla de la auditoría  sería definirla como la revisión de la contabilidad.
Técnicamente consiste en la evaluación, por parte de un auditor, de los datos financieros, los registros contables, los documentos de la empresa, los controles físicos y cualquier otra documentación que permita verificar la validez de los datos ofrecidos por la entidad.

En Cuba está habilitada para estos efectos la Contraloría General de la República, pero usualmente a nivel de Ministerios existe un equipo de auditores que se supone mantenga la inspección de la veracidad de la información. Pero como bien se conoce el régimen ha clasificado la contabilidad en confiable y no confiable, lo que permite el descontrol de los medios y la producción en las entidades estatales.

De forma tradicional, la función de la información financiera y contable debería permitir conocer la evolución de las instituciones comerciales, pero las indisciplinas que se cometen entre las empresas, en particular por los métodos establecidos -ya arcaicos- de cobros y pagos, no proporciona la posibilidad de determinar al auditor, a través del estudio de los Balances Financieros que se emiten mensualmente, la realidad objetiva de lo que sucede en un centro que se esté auditando, por lo que, el trabajo de mesa anterior a la ejecución de la auditoría, que constituye la base fundamental de los resultados, no es una fuente confiable. Tampoco la reunión con el Consejo de Dirección de la entidad, para escuchar los criterios de los que la dirigen. En la mayoría de los casos, el personal que tiene a su cargo la conducción de la empresa no está interesado en los controles y ni siquiera discuten el balance financiero mensual en este medio.

Algo que es fundamental para cualquier negocio es la contabilidad de costos, la que ni siquiera tiene una apariencia -en cifras porcentuales- dentro de las empresas en el país, ya que es prácticamente inexistente.

Mencionar que las fuerzas represivas de la policía política usan, en cualquier lugar de la isla, medios de las empresas para poder llevar a cabo sus actividades de hostigamiento contra la disidencia, explicaría fácilmente el desprecio total que prevalece por cualquiera de estos controles, a nivel de Estado.

La necesidad que existe en el país ha llevado a muchos a la corrupción. Podría decirse que son las enseñanzas que se desprenden de este régimen, que le dice a todos que los bienes son del pueblo.

Esto se extiende también a los que controlan, en particular los inspectores. Cuando un trabajador por cuenta propia ve aparecer en su pequeño negocio un personaje de estos, sabe qué le cuesta, porque  algo encontrará mal hecho para que "le dejen caer su tierrita", como se le dice en lenguaje popular al soborno.

Aunque los auditores hacen un juramento de ética que regularmente firman en una ceremonia oficial que incluso se difunde por los medios, tampoco están exentos de caer en este desprestigiado delito, que deja mucho que desear de un buen especialista en la materia.

Recientemente concluyó en el país un evento que se denominó: Contabilidad, Auditoría y Administración 2012. La poca divulgación que de él se hizo en los medios, así como la escasa información sobre lo que se discutió de estos temas, permite pensar que es, como casi todo lo que perjudica la credibilidad del régimen: secreto de Estado.

El lema que utilizaron fue "Por un futuro más eficaz", lo que permite pensar que el presente no lo es; sin embargo a través de este cónclave se dejó saber que se trabaja en la modificación –antes del cierre de 2012- de la Ley 77, que rige la participación de capital extranjero.

Una herramienta tan importante como la Auditoría no es utilizada con efectividad en el país, ni podrá serlo mientras persista la ausencia de contabilidad y controles físicos, una forma de dejar hacer a cada cual lo que quiera, e incentivar la corrupción.