Por: Arnaldo Ramos Lauzurique
En los lineamientos del VI Congreso del PCC el Trabajo por Cuenta Propia parece ser la panacea que dará solución al enorme ejército de desocupados que generará el despido de un millón y medio de excedentes en el sector estatal y supuestamente contribuirá al crecimiento de la economía.
La gestión privada legal incluyendo la agropecuaria ocupa hoy al 17 % de los trabajadores (uno de cada seis) y crea el 11 % de los ingresos del país. Se pretende que para 2015 ocupe a más del 50 % y genere casi la mitad de los ingresos, por lo que esos trabajadores deberán incrementar su productividad, aproximadamente en un 50 %.
Ese salto productivo carece de base real, teniendo en cuenta que ese sector no dispone de los suficientes medios técnicos materiales; como maquinarias, herramientas, mercados de insumos al por mayor y bienes materiales de importación; así como financiamiento en moneda nacional y divisas. Confronta, además, limitaciones para contratar mano de obra y está sometido a un sistema tributario que impide su prosperidad.
Sólo se han establecido 178 actividades, muchas de ellas excesivamente específicas y otras francamente parasitarias, como es el caso del gestor de viajeros o “buquenque”, que obtiene ingresos muy superiores a un universitario.
No se contempla el trabajo por cuenta propia de los profesionales, como arquitectos, ingenieros, médicos, veterinarios, economistas y otros; ni tampoco de técnicos calificados, como productores de antenas parabólicas, técnicos en reparación de computadoras y otros equipos electrónicos, enfermeras, etc.; así como otras actividades útiles y necesarias, como es el acopio y venta mayorista privada de productos agropecuarios y la enorme gama de ocupaciones, imposibles de recoger en una lista.
Ello no hará más que ahondar un fenómeno ya presente en la sociedad cubana que es la inversión de la pirámide social, que consiste en que profesionales y técnicos altamente competentes perciban ingresos muy inferiores a personas de menor calificación que se mueven en la economía menos representativa, lo cual es precisamente lo que diferencia a la economía informal en Cuba del resto del mundo, donde esta es por lo regular de bajos ingresos.
Solo una quinta parte de las ocupaciones que se aprobaron corresponden a la generación de bienes y servicios básicos, como la producción de alimentos, manufacturas, transportes, construcción o comercio; consistiendo el 80 % de servicios a la población; lo cual no se corresponde con la estructura de empleo que requieren los objetivos que se pretenden.
Hasta el momento los más de 70 mil nuevos trabajadores por cuenta propia aprobados son jubilados y personas que no estaban vinculadas al empleo, por lo que aún faltan por incorporarse los que quedarán desocupados, proceso que está estancado por diversas causas, entre ellas por la desorganización en disciplina a todos los niveles.
Además de las restricciones oficialmente establecidas, existe resistencia en las instancias inferiores del aparato estatal a aplicar lo regulado, lo cual está deprimiendo el fomento de la actividad, lo que ha podido apreciarse en las informaciones y quejas reflejadas en la prensa y sobre todo en los comentarios populares.
Aparejado a ello se ha estado produciendo una asociación del trabajo por cuenta propia y las actividades ilegales, con la vista gorda de las autoridades, al ponerse a la venta en ese mercado, artículos evidentemente robados al sector estatal, lo cual no constituye un incremento real del Producto Interno Bruto.
La conclusión principal que puede extraerse, es que transcurridos más de 45 días del año, el proceso que debe extenderse por el primer trimestre de 2011, se encuentra detenido y el ambiente social se muestra con signos de crisis, por lo que se avizora el fracaso de ese proceso, lo que indica que sin una decidida libertad económica, y con ella la ampliación ilimitada del sector privado, con negocios de todas las dimensiones, no será posible resolver la situación actual, que tenderá a agravarse.
La Habana, 21 de febrero de 2011.
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